dilluns, 29 de setembre de 2008

Vicky, Christina, ¿Barcelona?

Antes de entrar en el tema de la película, conviene situarla en su contexto. El hecho de que Woody Allen rodara en Barcelona se debió a una apuesta decidida de las administraciones públicas catalanas, a una nada disimulada pretensión de promocionar internacionalmente la ciudad. Además, como indirectamente se puede evidenciar leyendo los créditos del film, la industria cinematográfica catalana es relativamente potente (recordar, por ejemplo, el Oscar que obtuvo un equipo catalán por El laberinto del Fauno), probablemente la más importante en el Estado español. Recuérdese asimismo que el cine español en general, y el catalán también, dependen mucho de las coproducciones, con una participación esencial de las cadenas de televisión, en el español de la estatal TVE, la privada Antena 3 y el internacional Canal Plus, en el catalán de la pública Televisió de Catalunya, amén de las ayudas finacieras de las instituciones del gobierno autónomo. Sin embargo, el cine en catalán es marginal, no se difunde fuera de Catalunya y el expediente más habitual es filmar en las dos lenguas o recurrir al doblaje, de manera que la versión que se ve fuera de Catalunya es en castellano, la que se ve en Catalunya (muy poco en el cine, porque casi no se proyectan, posteriormente en la televisión autonómica) es bilingüe o enteramente en catalán. El resultado a nivel de la proyección mediática de la sociedad y la cultura catalanas es evidente y recuerda al famoso problema del karaoke pujoliano: (todos) los catalanes viven y hablan en castellano, los que lo hacen en catalán es de manera artificial, simplemente por diferenciarse o molestar.
Vicky, Critina, Barcelona arrastra el mismo problema lingüístico, que es todavía más grave si se piensa que gracias a ese filme se podría haber proyectado internacionalmente la compleja y variada realidad lingüística y cultural catalana (mucho más rica todavía en el caso de la ciudad de Barcelona). En efecto, la versión original de la cinta es en inglés y castellano, no se oye ni una palabra en otras lenguas. Mucho más que eso, el personaje interpretado por Bardem insiste a Penélope Cruz que debe hablar en inglés. Da la sensación que cualquier turista anglófono puede defenderse sin ningún tipo de problemas en la Ciudad Condal, puesm, inmediatamente, todo el mundo, está dispuesto y sabe expresarse en inglés (todo ello bastante absurdo si tenemos en cuenta el poco conocimiento de lenguas extranjeras de los españoles en general, muy por debajo de la media comunitaria). En cuanto a la cultura catalana, supuesto objeto de estudio de una de las protagonistas, simplemente está ausente, a excepción de, creo haber visto, el pan con tomate y los diables. Otros elementos simplemente están fuera de contexto, como cuando la canción tradicional El noi de la mare suena en Asturias, no en Barcelona.
Woody Allen ha defendido su película, que algunos consideran de encargo y, por tanto, nada cuidada, pero también algunas de las posibles "fallas" pueden ser excusables dependiendo de la perspectiva, de eso hablaremos próximamente.

dilluns, 14 de juliol de 2008

Debate lingüístico (¿y político?): el Manifiesto por la lengua común

Recientemente, una serie de reconocidos intelectuales españoles firmaron un manifiesto de defensa de la lengua castellana. En éste llamaban a garantizar la posibilidad de educarse y vivir en castellano en las comunidades autónomas españolas que tienen más de una lengua oficial. El manifiesto lo pueden conseguir en internet, pero les doy acceso al documento directamente:

Manifiesto por la lengua común
RTVE.ES MADRID 27.06.2008
Desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles. Desde luego, no se trata de una desazón meramente cultural -nuestro idioma goza de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el chino y el inglés sino de una inquietud estrictamente política: se refiere a su papel como lengua principal de comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación.

Como punto de partida, establezcamos una serie de premisas:
1) Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas -el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia (?) de ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano.

2) Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüisticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas co-oficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc... en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello "normalización lingüística").

3) En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua co-oficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.

4) Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que "las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección". Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas.

Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos) para fijar inequívocamente los siguientes puntos:

1) La lengua castellana es común y oficial a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.

2) Todos los ciudadanos que lo deseen tienen derecho a ser educados en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas co-oficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común.

3) En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser atendido institucionalmente en las dos lenguas oficiales. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.

4) La rotulación de los edificios oficiales y de las vías públicas, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc... en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica.

5) Los representantes políticos, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales.

Firmas (orden alfabético): Mario Vargas Llosa, José Antonio de la Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, Jose Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, Jose Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater.